Tribunal Supremo (Social), sec. 1ª, S 28-09-2021, nº 945/2021, rec. 2819/2018

RESUMEN: Indemnización por extinción de contrato de interinidad por sustitución. El TS estima que la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos diferentes. Por tanto, la extinción de un contrato de interinidad por sustitución no conlleva la indemnización de veinte días por año prevista para los despidos objetivos (FJ 3)

Procedimiento: Recurso de suplicación

Sentido del fallo: Estimación

PTE.: Ureste García, Concepción

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Con fecha 8 de febrero de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que desestimo la demanda formulada por D. Bernardino, contra la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO y absuelvo a la demandada de las pretensiones contenidas en demanda».

SEGUNDO.-

En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: «PRIMERO: D. Bernardino en fecha 13-8-2015 suscribió contrato de interinidad por sustitución del empleado público D. Daniel mientras permaneciera en situación de incapacidad temporal con reserva de puesto de trabajo, hasta su Incorporación o modificación de su situación laboral.

El Sr. Daniel era conductor de la CHE y el actor desarrolló mientras estuvo vigente su contrato esas tareas de conductor.

Cuando el actor, y el resto de conductores de la CHE, no tenía asignado servicio de conducción estaba en el garaje, y realizaban tareas de simple mantenimiento y limpieza del vehículo asignado.

El actor durante la vigencia de su contrato tuvo asignado el vehículo PJE …..

SEGUNDO: En fecha 24-8-2016 el INSS acordó iniciar expediente de incapacidad permanente al trabajador sustituido y por tal motivo se le comunicó al actor la finalización de su contrato de interinidad en fecha 31-8-2016 no obstante con posterioridad se le comunicó al sr. Daniel que se demoraba su calificación por lo que se anuló la finalización del contrato del actor y se mantuvo su vigencia.

TERCERO. Mediante resolución del INSS de 13-1-17 se denegó al sr. Daniel la prestación de incapacidad permanente lo cual fue comunicado a la CHE mediante oficio de salida de 17-1-17, con entrada en el organismo demandado de 19-1- 17.

El día siguiente, 20-1-17, vienes, se citó al actor a una reunión en el Servicio de Recursos Humanos de la CHE y verbalmente se le notificó por la Jefa de área de Gestión de Recursos y Prevención, Belen, en presencia de la jefa de servicio de Recursos Humanos Brigida, la finalización de su contrato de interinidad, el cual tendría lugar en fecha 22-1-17, domingo, por reincorporación del sustituido sr. Daniel, y que se le llamaría para recoger la notificación del fin del contrato. Se le explicó al trabajador que no era posible prorrogar su contrato.

CUARTO: El lunes 23 de Enero el actor acudió a trabajar al garaje. Ese día acudió allí el Jefe de Servicio sr. Leopoldo quien el indicó que no debía estar allí, lo puso en conocimiento de Recursos Humanos, y fue citado al día siguiente para notificarle la extinción de su contrato por escrito.

El actor no tuvo asignado ningún servicio de conducción los días 23 ni 24 de enero de 2017 (lunes y martes).

QUINTO: El día 23 de Enero el sr. Daniel se reincorporó a su trabajo, si bien tras conversación con el sr. Leopoldo no se le adjudicó servicio de conducción alguno en razón de su estado de salud. De hecho hasta que el sr. Daniel inició un nuevo periodo de IT no efectuó conducción alguna de ningún vehículo, limitándose a realizar actividades de limpieza.

SEXTO: El actor interpuso reclamación previa frente a la notificación de la finalización del contrato de interinidad que fue desestimada en Resolución de 2-3-17.».

TERCERO.-

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal de don Bernardino, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la cual dictó sentencia en fecha 16 de mayo de 2018 en la que, manteniendo el relato fáctico de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: «Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Bernardino contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cuatro de Zaragoza en fecha 8 de febrero de 2018, revocando la sentencia de instancia. Estimamos en parte la demanda interpuesta por D. Bernardino contra la Confederación Hidrográfica del Ebro, desestimando su pretensión de que se declare la improcedencia de su despido. Estimamos la pretensión subsidiaria, condenando a la parte demandada a que abone al actor la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, desde el 13-8-2015 al 22-1-2017».

CUARTO.-

Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la representación procesal de Confederación Hidrográfica del Ebro se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación. Se aportan como sentencias seleccionadas de contraste las dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de enero de 2014 (C- 176/12) y por la Sala de lo Soaicl del TSJ de Madrid, de 30 de junio de 2017 (R.311/2017) (EDJ 2017/185211). Los motivos de casación alegaban: PRIMERO.- Al amparo de lo establecido en el art. 224.1 y 2, en relación con el art. 207.e) de la LJS, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, en relación 21.1 de la CDFUE y la Cláusula 4 del Acuerdo Marco recogido en la Directiva 1999/66412), así como la doctrina jurisprudencial existente.- SEGUNDO.- Al amparo de lo establecido en el art. 224.1 y 2, en relación con el art. 207.e) de la LJS, por infracción de los arts. 15.1.c) y 49.1.c) del ET, y 8.1.c) del RD 2720/1998 (EDL 1998/46406), en relación con la jurisprudencia.

QUINTO.-

La Sala procedió a admitir a trámite el citado recurso e impugnado el recurso por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal que emitió informe en el sentido de considerar parcialmente procedente el recurso, e instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 28 de octubre de 2021, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-

1. La demandada, Confederación Estatal Hidrográfica del Ebro, cuestiona en primer término el efecto directo de la Directiva 1999/70/66412) a un litigio entre particulares, y, en segundo lugar, combate el reconocimiento de la indemnización por extinción del contrato del actor.

La sentencia impugnada de la Sala de lo SOcial de TSJ de Aragón, de 16 de mayo de 2018 /R. 230/2018) (EDJ 2018/510916), estima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador contra la desestimación de su demanda en la instancia. Centra el debate en la existencia de discriminación entre los trabajadores temporales y los indefinidos, en lo que a indemnización por extinción por fin de contrato se refiere, y concluye que en la medida en que ha resultado acreditado que el trabajador recurrente viene realizando -como conductor, sujeto a contrato de interinidad por sustitución- las mismas funciones que los trabajadores fijos, entiende que le corresponde el derecho a la indemnización solicitada de 20 días por año trabajado, de acuerdo con la doctrina de la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (C-596/2014, caso de Diego Porras (EDJ 2016/148258), rechazando la petición principal de despido por considerar que fueron válidos tanto el contrato como su extinción por reincorporación del trabajador sustituido.

2. El Ministerio Público informa la estimación parcial del recurso deducido, citando al efecto la doctrina del TJUE.

La parte actora recurrida niega en primer término la concurrencia de la necesaria identidad, y se opone en cuando al fondo argumentado de contrario, postulando en fin la confirmación de la sentencia impugnada.

SEGUNDO -.

1. Procederá en primer término analizar la concurrencia o no del requisito de contradicción preceptuado en el art. 2018 LRJS. Esa norma y la jurisprudencia perfilan una igualdad «esencial», sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 10.02.2021, rcud 3485/2018 y 3740/2018, y 2.03.2021, rcud 1577/2019.

Para el primero de los dos motivos en los que se estructura el escrito casacional la sentencia invocada por la Abogacía del Estado es la dictada por el TJUE el 15 enero 2014, Association de méditaion sociale, C-176/12.

Se trata de una sentencia que, en respuesta a una cuestión prejudicial francesa, declara que no cabe invocar en un litigio entre particulares el art. 27 CDFUE -ni por sí solo, ni en conjunción con la Directiva 2002/14, de 11 de marzo, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea-, y, por ende, aun cuando se constate que la norma nacional es contraria a la Directiva, el indicado precepto de la CDFUE no produce efecto directo entre particulares.

Como hemos apreciado en precedentes pronunciamientos, no resulta posible admitir la contradicción entre ambas resoluciones objeto de comparación, aquí por cuanto en la sentencia impugnada no se debate sobre el efecto directo de la norma comunitaria, ni por esa razón, se pronuncia tampoco sobre ello, y se ha señalado con reiteración, que el carácter extraordinario del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que la identidad de la controversia se establezca teniendo en cuenta los términos en que ha sido planteada en suplicación, de suerte que toda contradicción basada en una cuestión no suscitada en ese grado judicial anterior supone lógicamente que dicho requisito no pueda ser apreciado (SSTS 8.02.2018, Rec.3496/16 (EDJ 2018/10132) y 8.03.2018, Rec. 1591/16 (EDJ 2018/26830), entre otras.

2. Para el segundo punto de contradicción, referido al derecho a la indemnización del actor por la finalización del contrato de interinidad, se cita como contradictoria la  sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 30 de junio de 2017 (R. 311/2017) (EDJ 2017/185211); dicha resolución enjuiciaba un supuesto en el que la trabajadora prestaba servicios desde 2009, con la categoría de auxiliar de hostelería en virtud de contrato de interinidad por vacante, y fue cesada el 30.09.2016 por la cobertura de la misma tras proceso extraordinario de consolidación de empleo, solicitando la titular la excedencia por incompatibilidad. La sentencia llega a la conclusión de que la extinción es válida y que no tiene derecho a la indemnización de 20 días por año trabajado, porque la doctrina del TJUE (De Diego Porras) sólo es aplicable a los trabajadores que han adquirido la condición de indefinidos no fijos, lo que no sucede en el caso enjuiciado.

Concurre la necesaria identidad en este motivo, aunque en un caso se trate de interinidad por sustitución y en el otro de interinidad por vacante, ya que el tipo básico contractual es el mismo, y la extinción es válida en ambos casos, llegando las sentencias comparadas a fallos distintos.

TERCERO -.

Al amparo de lo establecido en el art. 224.1 y 2, en relación con el art. 207.e) de la LRJS denuncia la parte recurrente la infracción de los arts. 15.1.c) y 49.1.c) del ET, y 8.1.c) del RD 2720/1998 (EDL 1998/46406), en relación con la jurisprudencia. Argumenta, en esencia, que la extinción válida de un contrato de interinidad motivada por la reincorporación del trabajador sustituido no conlleva indemnización alguna, ex art. 49.1 c) del ET (EDL 2015/182832), al entender que no se trata de un despido (ni objetivo ni disciplinario), sino de una válida extinción del contrato de trabajo conforme a lo dispuesto en el art. 8.1.c) del RD 2720/1998, lo que determina la ausencia de indemnización por la extinción.

Esta Sala IV se ha pronunciado en la materia concernida, en asuntos que guardan la necesaria identidad de razón, en los que se ha cuestionado la controversia atinente al derecho indemnizatorio tras una extinción válida del contrato de interinidad; en el actual litigio dicha validez se determinó por las resoluciones dictadas en la instancia y en suplicación y ya no ha sido combatida.

Entre otras muchas, la STS IV de 26.5.2021, rcud 1679/2019, en relación con la indemnización por fin de contrato que no está legalmente establecida para los contratos de interinidad, argumenta lo siguiente (lo recordamos en la de 6.07.2021, rcud 4606/2019): «en la STS (EDJ 2021/633302)/4ª/Pleno de 13 de marzo de 2019 (rcud. 3970/2016)-dictada en el mismo asunto que dio lugar a la citada STJUE de 14 septiembre 2016-, que en esta última «se contenían razonamientos que suscitaban serias dudas de interpretación». Y ello porque el Tribunal de Justicia declaraba en el ap. 36 que «existe una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores fijos, en la medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad no tienen derecho a indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración de los servicios prestados». De ahí que aquella STJUE hiciera dudar de si, a la luz de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (EDL 1999/66412), relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, sería exigible que, en todo caso, la extinción de un contrato temporal por cumplimiento de su finalidad lleve aparejado el derecho a una indemnización y, en ese punto, si dicha indemnización debe establecerse de forma análoga a la que el mismo ordenamiento fija para las demás causas de extinción de los contratos de trabajo. Ello abocaba, no sólo a la aplicación de la indemnización de 20 días para el caso de los contratos de interinidad por sustitución -que era el del supuesto en el caso De Diego Porras-, sino a que, por las mismas razones, se pusiera en cuestión la diferencia de indemnización de las otras dos modalidades de contrato temporal que, con amparo en el art.49.1 c) ET (EDL 2015/182832), tienen fijada una indemnización de 12 días (8 días, en la regulación anterior), como sucede con el contrato para obra o servicio.

Ahora bien, en las STJUE de 5 junio 2018 (Montero Mateos -C-677/16- y Grupo Norte Facility – C-574/16-) y, de manera específica, en la STJUE de 21 noviembre de 2018 (C-619/17) (EDJ 2018/126804) -segunda de las dictadas por el Tribunal de la Unión en el mismo caso (De Diego Porras II)- el Tribunal de la Unión se aparta de aquella dirección.

Venimos reiterando que se solventa así el equívoco que se plasmaba en la STJUE de 14 de septiembre de 2016, para partir ya, acertadamente, de que la indemnización del art. 53.1 b) ET (EDL 2015/182832) se reconoce siempre en caso de despido objetivo con independencia de la duración determinada o indefinida del contrato de trabajo. Por ello en nuestra STS/4ª/Pleno de 13 de marzo de 2019, que resuelve en casación el asunto De Diego Porras, hemos declarado que «no es admisible sostener que la indemnización establecida para los despidos objetivos solo se contempla respecto de los trabajadores indefinidos. Si ello fuera así, ciertamente cabría afirmar que la norma contenía un trato discriminatorio respecto de los temporales».

Y, en definitiva, hemos concluido que el diseño querido por el legislador impide «confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales». Entre las últimas dictadas pueden citarse las de fechas 6.10.2020, rcud 2818/2019, 16.07.2020, rcud 4727/2017, 20.06.2020,rcud 516/2018, o 12.05.2020, rcud 63/2018; en esta se recordaba que dado que el contrato de interinidad se extinguió por la válida causa consistente en la cobertura de la plaza ocupada interinamente por vacante, la respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra que la inaplicación de la indemnización que se pretende por la parte recurrente de 20 días por año prevista en el artículo 53 ET (EDL 2015/182832), ni tampoco la prevista en el art. 49.1.c ET para la extinción de los contratos temporales, puesto que dicho precepto excluye de la indemnización a los contratos de interinidad y a los contratos formativos» ( STS de 14 de enero de 2021, rcud 2505/2019 (EDJ 2021/502935), y las que en ella se citan).»

En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para supuestos diferentes, tal y como concluía la sentencia referencial al enjuiciar análoga extinción de un contrato de interinidad.

CUARTO.-

Lo anteriormente razonado permite concluir, conforme lo informado por el Ministerio Público, la estimación del recurso unificador, casando y anulando parcialmente la resolución recurrida -se mantiene únicamente el pronunciamiento desestimatorio de la pretensión de declaración de despido improcedente-, y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimaremos en su integridad el recurso de esta clase formulado por la parte actora, confirmando la sentencia dictada por el juzgado de lo social.

No procede acordar imposición de costas ( art. 235 LRJS).

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

Estimar el recurso interpuesto por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Casar y anular en parte la sentencia de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso de suplicación número 231/2018 y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimamos en su integridad el recurso de esa clase formulado por la parte actora don Bernardino, confirmando la sentencia dictada por el juzgado de lo social número 4 de Zaragoza.

 

No procede acordar imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

 

Así se acuerda y firma.