Sentencia Juzgado de lo Mercantil nº 1 99/2021, 5 de Abril de 2021, de Cádiz

RESUMEN: Condenado a un concesionario a abonar 2.000 euros, en concepto de daños y perjuicios, al demandante, comprador de un vehículo a un concesionario de Cádiz. Se considera al concesionario mencionado, como copartícipe del cártel de concesionarios de Audi y Volkswagen en el ámbito de Andalucía, entre los años 2009 y 2013. 

Sentido del fallo: Estimatorio

PTE.: Martínez del Toro, Susana

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Por DON Anton, representado por el Procurador Don Fernando Lepiani Velázquez, se presentó demanda de Juicio Verbal el 12/09/2019 contra la mercantil BAHÍA MOVIL SL, representada por la Procuradora de Tribunales Doña María Vicenta Guerrero, ejercitando acción declarativa y de resarcimiento de daños, y solicitando en el suplico se dicte sentencia por la que «apreciando la comisión de una práctica anticompetitiva, acuerde el resarcimiento por daños y perjuicios causados en la cuantía de 2000 €», con condena en costas. Se acompañan los documentos en los que fundamenta su derecho. 

SEGUNDO.-

Admitida a trámite la demanda por Decreto de 19/09/2019, se emplazó a la demandada que presentó escrito de contestación de 14/10/2019, admitido por DO 04/11/2019. Habiéndose solicitado vista, se señaló para su celebración el día 19/01/2021. Por escrito de 27/01/2020 la parte actora indica la comisión de un hecho nuevo, confirmación del TS de las sanciones impuestas por la AN, aportando noticia de prensa, dictándose DO 03/02/2020 indicando que lo reitere en la vista. Por escrito de 11/01/2021 la parte demandada aporta el informe pericial anunciado en la contestación de la demanda. 

TERCERO.-

El día señalado, presentes las partes, se ratificó la actora en su demanda oponiéndose el demandado en los términos que constan en la grabación audiovisual unida a las actuaciones. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se accedió al mismo, proponiendo las partes aquellas de las que intentaban valerse, por la parte actora según nota, documental, más documental y pericial; y por la parte demandada documental, según nota, documental, más documental y pericial. La parte actora impugnó la documental aportada por la parte demandada por su valor probatorio, y la parte demandada impugnó el anexo del informe pericial de la actora al estar en lengua extranjera. Admitida toda la prueba, se practicó con el resultado que obra en autos y, realizado el trámite de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia. 

CUARTO.-

En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia por la acumulación de asuntos de este Juzgado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-

Objeto del procedimiento. La parte demandante ejercita acción declarativa y de resarcimiento de daños contra el concesionario BAHIA MOVIL SL, alegando que es consumidor y usuario y que adquirió un vehículo a la demandada el 30/06/2010, marca VOLKSWAGEN modelo Passat. Que el 28/05/2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó resolución en la que se declara acreditada una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007 de defensa de la competencia, constituida por la adopción e implementación de acuerdos de fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos y en condiciones comerciales, y por un intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos a motor, entre las empresas concesionarias, independientes y propios del fabricante de las marcas, AUDI, SEAT Y VOLKSWAGEN, en colaboración con la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS ESPAÑOLES DE VOLKSWAGEN, AUDI Y SKODA (ACEVAS), la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS SEAT (ANCOSAT) y las consultoras ANT SERVICALIDAD SL Y HORWATH AUDITORES ESPAÑA SLP, siendo estas prácticas constitutivas de cártel, en diversos periodos y zonas, desde 2006 a junio de 2013 según el concesionario. La intervención de empresas auditoras y consultoras supuso un valor añadido para la efectividad de los acuerdos. El mercado afectado, según la resolución de la CNMC, corresponde con la distribución de vehículos de motor, turismos de la marca del grupo VOLKSWAGEN, concretamente AUDI, SEAT Y VOLKSWAGEN, a través del concesionario propiedad del fabricante de esas marcas. Dichos concesionarios han llevado a cabo una práctica contraria a las normas de competencia, realizando conductas ilícitas en el mercado de la distribución de vehículos a motor, consistente en acuerdos de fijación de precios mediante descuentos máximos y condiciones comerciales, precios de tasación o regalos ofrecidos y de servicios, además de un intercambio de información comercialmente sensible y estratégica del mercado, realizadas con manifiesta ocultación y secretismo. Estas restricciones de la competencia han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado de la distribución de vehículos, al disminuir la incertidumbre de las empresas incoadas en relación a las ofertas que podían formular sus competidores respecto de vehículos de la marca. Las prácticas perseguían preservar su margen comercial y reducir la tensión competitiva, dando lugar a una homogeneidad de los descuentos ofertados por los concesionarios de la marca, produciéndose una compartimentación del mercado, al conocer las empresas que formaban el cártel por adelantado, el comportamiento del mercado de sus competidoras, reduciendo y anulando la competencia. La CNMC indica que los acuerdos de fijación de precios, entre las conductas colusorias, son considerados especialmente graves porque impiden a los consumidores beneficiarse de los menores precios y condiciones que resultarían de la competencia efectiva entre oferentes. El intercambio de información entre los concesionarios y las asociaciones mencionadas, rompe la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del correcto funcionamiento competitivo del mercado, siendo conscientes las participantes del cártel de la ilicitud de las conductas, con acuerdos secretos, medidas de seguimiento, contemplando la imposición de sanciones a los incumplidores de lo acordado, concluyendo la CNMC que el cártel tuvo efectos en el mercado homogeneizando precios de mercado y de las ofertas realizadas por los concesionarios participantes, incidiendo económicamente estos acuerdos en los compradores de los vehículos de las marcas SEAT, VOLKSWAGEN y AUDI que no pudieron beneficiarse de descuentos o de mejores condiciones comerciales que hubieran existido de no aplicarse los acuerdos, pagando un precio superior al que, en un contexto de libre competencia, hubieran pagado. Estas prácticas generan un daño en el sector económico, en los mercados y en el bienestar de los consumidores, relacionados con los beneficios ilícitos que obtienen las empresas implicadas, aunque esos daños pueden ser superior a los beneficios de los miembros del cártel. Fundamenta la demanda la reclamación económica en la normativa de consumidores y usuarios, y la Directiva 2014/104/UE del Parlamento y del Consejo, incorporada a través del RDL 9/2017, reconociendo el derecho de la reclamación del resarcimiento por los perjuicios derivados de ilícitos de competencia, ya señalado con anterioridad a esta norma por el TJUE. Sobre el plazo de ejercicio de la acción, considera que la conducta sancionada devino firme en 2019, fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma en la ley de competencia por el RDL 9/2017, siendo el plazo de 5 años. Sobre la cuantificación del daño, y la dificultad de su prueba, grado de certeza y precisión, alega el artículo 76 LDC, sin que esa dificultad no implique su no existencia ni reconocimiento, debiendo tenerse en cuenta el principio de efectividad, fijando la propia resolución de la CNMC una valoración de los daños causados en un porcentaje del 10 %. 

La parte demandada se opuso a la petición de contrario alegando que la acción de resarcimiento se basa en una supuesta participación de la demandada BAHÍA MOVIL en prácticas anticompetitivas infractoras de la LDC, concretamente limitación de descuentos máximos aplicables a los vehículos, reproduciendo el contenido de la resolución de la CNMC de 28/05/2015 que sanciona a la demandada por la participación en el cártel desde 2009 a 2013, si bien se niega la realización de conducta colusoria que le imputa la CNMC y, en todo caso, que la misma hubiera tenido influencia en el precio del vehículo adquirido por el actor. Se alega que la reclamación es extratemporánea, presentada sin reclamación previa alguna, casi diez años después de la adquisición del vehículo en marzo de 2010, teniendo origen extracontractual esta reclamación por infracción de la LDC, y siendo su plazo de prescripción para el ejercicio de un año, en aplicación de los artículos 1902 y 1968 CC, a computarse como máximo desde la fecha de la resolución de la CNMC de 28/05/2015. Se ampara el actor en el artículo 74 LDC que fue introducido en la LDC por el RDL 9/2017, por lo que no es aplicable al no estar en vigor cuando se adquirió el vehículo, ni cuando se dictó la resolución de la CNMC. También, en cuanto al fondo, la reclamación del actor se basa en una norma que no existía al tiempo de la supuesta comisión de las conductas colusorias, artículo 75 LDC en cuya virtud las resoluciones firmes del organismo CNMC resultan irrefutables a los efectos de acreditar la comisión de una infracción en acciones como la del supuesto de autos, precepto que no existía tampoco cuando se adquirió el vehículo ni cuando se dictó la resolución, por lo que debió probar conforme a la legislación aplicable la existencia de las prácticas colusorias y el perjuicio que éstas hubieran causado a la compra de su vehículo, además de acreditar la interrupción de la prescripción. Sobre la cantidad reclamada, no está acreditada respondiendo a una estrategia procesal fraudulenta para evitar las costas procesales. No han existido reclamaciones extrajudiciales previas a la demanda, siendo el cese de las prácticas colusorias en junio de 2013, el acuerdo de incoación del expediente por la CNMC en agosto de 2013 y la resolución de la CNMC en mayo de 2015, resolución que fue pública y de la que tuvo conocimiento el actor. No procede aplicar la normativa alegada en la demanda, reforma de la LDC introducida en RDL 9/2017 que indica en su DT 3ª que dichos artículos nuevos no tienen efecto retroactivo. No hay conducta desleal, no es posible aplicar la presunción del articulo 75 LDC, sin que además de la resolución se haya aportado prueba alguna de la conducta desleal de la demandada, ni de la incidencia que dicha conducta hubiera tenido en el precio abonado para la adquisición del vehículo. Finalmente considera desproporcionados los daños reclamados, siendo el informe pericial genérico, sin analizar el sobreprecio trasladado al actor, ni el beneficio ilícito obtenido, basado en hipótesis, reclamando la cantidad 2000 € para evitar la condena en costas en caso de desestimación, cuando el mismo perito fija un % superior que no se corresponde con la misma, lo que acredita mala fe de la actora. 

SEGUNDO -.

La prueba practicada ha consistido en la documental aportada por la parte actora : factura de compraventa del vehículo, informe de la CNMC en el expediente S/0471/13 de 28/05/2015, informe pericial de cuantificación del impacto económico negativo provocado por el cártel de concesionarios AUDI de 02/09/2019, anexos, resoluciones AN 26/03/2019, noticias de prensa de junio de 2019 sobre el cártel, y noticias de prensa de enero de 2020 sobre la inadmisión del TS de los recursos de casación interpuesto por los concesionarios confirmando las sentencias de la AN. 

La documental aportada por la parte demandada consiste en: noticias de prensa sobre la comunicación a la opinión pública en 2015 de la resolución, escritos de demanda de varios procedimientos seguidos en este Juzgado, jurisprudencia de casos similares, artículo doctrinal de DON Eugenio, y pericial. 

DON Everardo, perito de la parte actora, declaró que conoce la resolución de la CNMC de mayo de 2015, sancionaron a BAHIA MOVIL SL con mas de 300 mil euros de multa, afectaban a varios concesionarios, el acuerdo de precios estuvo entre 2009 y 2013, es firme por la SAN, su informe es genérico, conoce la factura del actor, el coche le costó unos 20 mil euros, ellos han puesto en su anexo el informe del estudio Oxera completo, han utilizado los cuadros, es un trabajo conocido que ha servido de base a la UE para los efectos del cártel, han tomado el promedio de ese informe, fijan como mínimo los daños en 2 mil euros, un 10 % del coste del vehículo, es un daño mínimo, OXERA fija los tipos del 18 y 27 %, ha hecho informes para varios cárteles, llegan a un promedio del 21.08 %, han visto el informe del perito contrario, el no han visto la contabilidad de la demandada, no le hace falta porque los precios son manipulables, no es un problema de contabilidad, es imposible hacer un análisis de comparativa de precios con cártel y sin cártel, la CNMC fija un beneficio ilícito de mas de 2 millones de BAHIA MÓVIL, es opaco el conjunto de precios del sector, hay muchos factores, los rápeles, los incentivos, el precio real no es el precio de venta, en el informe OXERA hay 114 cárteles, no sabe cuántos son de coches o de concesionarios, en el 7 % de los cárteles no hubo sobreprecio, en el 93 % si, sobrecoste, son estimaciones, los cárteles existen por algo. 

DON Gaspar, perito de la parte demandada, declaró que habían analizado los datos de varios años, la contabilidad de 2007 a 2015, y vieron el margen de los vehículos nuevos, el objetivo del cártel es mejorar las ventas de los concesionarios, si el margen no ha evolucionado no ha tenido efectos el cártel, es negativo, incluso el negativo se ha ido incrementando, ve los datos de los vehículos nuevos, el informe del perito actor es genérico, no se refiere al sector de automoción ni a los concesionarios, el sobreprecio varía según el sector, depende de los márgenes que tenga, si el margen es de 0.59 a -2.47 % difícilmente puede haber un sobrecoste del 20 %, el margen de venta no ha mejorado, ha empeorado, el ha analizado los márgenes que pone de manifiesto la contabilidad, que están auditadas las cuentas sin salvedades, se recogen los datos de las compras y ventas de los vehículos nuevos, se vendieron sin subidas de precios durante el cártel, ha tenido en cuenta los rápeles y descuentos. 

TERCERO -.

Marco normativo. La responsabilidad derivada de infracciones del derecho de la competencia se regulan en el Tratado de Funcionamiento de la UE, artículo 101 y siguientes, que establece «1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho». 

La Dir 2014/104 UE, normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional, por infracciones del derecho a la competencia de los estados miembros y de la UE, que junto con el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) recogen normas prohibitivas sobre acuerdos o prácticas restrictivas de la competencia. Estas infracciones pueden generar daños a los particulares, esencialmente el pago de sobreprecios por productos afectados por prácticas anticompetitivas, lo que ya es admitido en diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia, estando legitimada cualquier persona para invocar una práctica prohibida, cuando hay una relación de causalidad entre la misma y un perjuicio, y pudiendo solicitar la reparación del mismo. Dicha Dir 2014/104/UE se incorporó al ordenamiento español por RDL 9/2017 (BOE 27/05/2017), modificando la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) ley 15/2007. Los principios en los que se asienta la Dir 2014/104/UE son la efectividad y equivalencia, para no hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios causados por una infracción el derecho a la competencia y, en modo alguno, menos favorables que la normativa nacional. 

La LDC 15/2007 define en su artículo 1 las «Conductas colusorias. 1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la presente Ley. 3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, siempre que: a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas. b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 

contemplados. 4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas concertadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE. 5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la aplicación del apartado 3 del presente artículo a determinadas categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia». 

Finalmente, es de aplicación RDL 1/2007, 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias. 

CUARTO.-

Aplicación al caso, valoración probatoria. Prescripción. Se plantea por la parte demandada, con carácter previo, la prescripción de la acción. Es indiscutida la acción ejercitada, reclamación de daños por infracción del derecho de competencia, en base a la Dir 2014/104/UE y a la LDC, fijando la primera un plazo de cinco años, que se incorporó a la LDC en su artículo 74 con la transposición de la directiva al derecho interno. Tampoco es discutida ni la fecha en la que se adquirió el vehículo por el actor, según factura (doc 1 demanda) el 17/12/2010, que la demanda fue presentada el 12/09/2019, ni la fecha de la Resolución de la CNMC de 28/05/2015 en la que declara acreditada una infracción muy grave del articulo 1 LDC por acuerdos de fijación de precios, existencia de un cártel entre 2006 y 2013 en el que se encontraba incluido el concesionario demandado, BAHÍA MOVIL SL. 

El articulo 74 LDC dice «Plazo para el ejercicio de las acciones de daños. 1. La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco años. 2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias: a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia; b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y c) la identidad del infractor. 3. El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma. 

4. Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia». 

BAHIA MOVIL SL alega que al tratarse de una responsabilidad extracontractual, el plazo de prescripción es el de un año del artículo 1968 CC, estando prescrita bien se cuente el mismo día desde que cesaron las prácticas colusorias -que según la Resolución de la CNMC fue en junio de 2013-, bien desde la incoación del expediente en agosto de 2013 o bien desde el dictado de la misma Resolución en 2015, sin que consten reclamaciones extrajudiciales anteriores a la demanda, no aportadas. 

La Dir 2014/104/UE en relación al dies a quo establece que los plazos no deben empezar a correr antes de que haya cesado la infracción y el demandante tenga conocimiento de la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del derecho de competencia, que la infracción le ocasionó un perjuicio y la identidad del infractor, regulando además la interrupción o suspensión del plazo en el caso de que exista una investigación o procedimiento por una autoridad de la competencia, suspensión que terminará, mínimo, un año después que la resolución sea firme o el procedimiento termine de otra manera (artículo 10). Consta aportada la sentencia AN 26/03/2019 sobre BAHÍA MOVIL, desestimando los recursos contra la resolución de la CNMC, recurrida en casación ante el TS que los inadmitió en enero de 2020, según noticias de prensa aportada por la actora. 

BAHIA MOVIL considera no aplicable la nueva regulación contenida en la LDC que fue introducida con la transposición de la directiva, por el RDL 9/2017, que introduce precisamente un nuevo título Título VI en la Ley 15/2007, artículos 71 a 81, estableciendo la «Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. 1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo» 

En la fecha de la entrada en vigor del RDL 9/2017 ya se había dictado la resolución de la CNMC en 2015, justo entre el dictado de la directiva europea y la transposición al derecho español, por lo que no es aplicable el plazo de prescripción de cinco años al cártel declarado en 2015, debiéndose acudir al plazo de prescripción vigente en ese momento, que era el de un año, al tratarse de una responsabilidad extracontractual del artículo 1968.2 CC. La Directiva sólo permite la aplicación retroactiva de sus disposiciones procesales, no de las sustantivas como la prescripción, y sólo para las acciones de daños posteriores a su fecha de adopción (art. 22.1). 

La STS 04/09/2013, Sala de lo Civil, se pronuncia sobre la prescripción en relación al ejercicio de acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos, en base a una interpretación restrictiva de la prescripción, preservando el derecho del perjudicado al pleno resarcimiento en circunstancias en que no ha podido conocer el alcance del daño, y que lo haya sido por circunstancias no imputables a su persona, o su comportamiento, interpretando la expresión «desde que lo supo el agraviado,» con el criterio general que el perjudicado ha de tener un conocimiento cabal, información suficiente, del perjuicio sufrido para formular la correspondiente reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Recoge el TS unas pautas de la Comisión Europea de 2008, ya incorporadas plenamente a la Directiva 2014/104/UE y al Real Decreto-Ley por el que ésta se transpone, concretamente que el perjudicado tenga conocimiento -o se pueda esperar razonablemente que haya tenido conocimiento- de la conducta constitutiva de la infracción, de la calificación de tal conducta como infracción del Derecho de la competencia nacional o de la Unión, del hecho de que la infracción le ocasionó un perjuicio, y de la identidad del infractor que haya causado ese perjuicio. Y ello al estar la prescripción -en palabras del TS- basada no «en principios de estricta justicia sino de seguridad justicia y de presunción de abandono del ejercicio del derecho» 

La SAP Zamora 16/10/2020 sobre el cártel de camiones, aportada como doc 4 por la demandada en el acto del juicio, en relación a la prescripción, recuerda que el artículo 1969 CC señala que el cómputo del plazo de prescripción de las acciones comienza desde el día en que pudieron ejercitarse, y «para su aplicación a los ilícitos concurrenciales, la fijación de esa posibilidad de ejercicio de la acción de que se trate se ha entendido a la luz del principio de la actio nata, de manera que el plazo de prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento en que el perjudicado por el ilícito concurrencial supo de su extensión y afectación concreta y se encontraba en las condiciones adecuadas para el ejercicio de la acción», en referencia a la STS 20/01/2009 y SSJM 3 Barcelona 6 de junio y 5 y 10/09/2018 . 

Hay que recordar el principio de efectividad ya mencionado, que responde al objetivo de que las normas y los procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la UE al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia. 

Y es un hecho que en el caso del cártel de coches, las conductas no fueron conocidas por los perjudicados hasta mucho después del descubrimiento del cártel, ya que eran conductas ocultadas deliberadamente por sus miembros, careciendo de sentido las referencias que hace la demandada a la fecha de la compra del vehículo, a fin de tenerla en cuenta de alguna forma en relación al ejercicio de la acción por el perjudicado. Incluso cuando las declara el órgano encargado de la defensa de competencia, con la Resolución de la CNMC, el perjudicado «no se encontraba en las condiciones adecuadas para el ejercicio de la acción». 

En este caso de acciones de daños antitrust, la relevante es la fecha del conocimiento de la lesión (infracción y daño) pues en ese momento nace la pretensión indemnizatoria, y el inicio del plazo para su ejercicio, encontrándonos en un caso de abuso de posición dominante en que el perjudicado debe tener información suficiente para determinar el alcance del perjuicio sufrido. Se suele fijar la fecha de inicio del cómputo del plazo cuando se sanciona la conducta que es constatada por la autoridad de defensa de la competencia, ya que se puede conocer tras su publicación a los diferentes infractores, el periodo en que se hizo la conducta y las circunstancias de la misma. 

Consta la resolución de la CNMC (doc 2 demandada) de 28/05/2015 que fue recurrida ante la AN que dictó sentencia el 26/03/2019 en relación a BAHIA MOVIL SL. No se ha indicado cuándo se produjo la publicación de la resolución de la CNMC, sin que sea posible admitir que con la publicación en 2015 los días 4 y 5 de junio, y 4 de septiembre en dos periódicos nacionales (El Mundo y El País, y en su secciones de motor y de economía) aportados por el demandado como dosier de prensa (doc 2 contestación), y que en base a ello existió publicidad, el perjudicado se encontraba en ese momento con información suficiente para el ejercicio de la acción. La resolución de la CNMC declaraba a 109 empresas, en su mayoría concesionarias, como responsables de las conductas infractoras y les impone otras tantas multas a 99 de ellas, eximiendo a otras del pago, siendo recurrida ante la Audiencia Nacional, que dictó sentencia el 26/03/2019 (doc 10 demanda). El recurso de BAHIA MOVIL SL (según el fundamento jurídico segundo SAN 26/03/2019) tenía por objeto la nulidad de la sanción impuesta, alegando que la empresa había actuado de manera legal y competitiva, negando la existencia misma de conductas anticompetitivas, considerando equivocada la descripción que realiza la CNMC en su resolución respecto de los mercados y sobre la formación de precios, según los contratos de distribución de las redes oficiales de VOLKSWAGEN Y AUDI, niega la participación en un cártel de fijación de precios o de intercambio de información, incluso indica que el precio de venta de los vehículos está fijado estrictamente por la parte proveedora del mismo, sobre el que la sancionada no tiene posibilidad de pacto con los otros miembros del cártel indicado, impugnando el método de establecimiento de la sanción económica. Por tanto, no es hasta la resolución de la Audiencia Nacional, que confirma ya en vía judicial la resolución de la CNMC, dado el alcance y contenido del recurso de los concesionarios sancionados, en especial de BAHÍA MOVIL SL, cuando el perjudicado está en condiciones del ejercicio de la acción, e incluso con la inadmisión de los recursos de casación ante el TS, de lo que solo consta en el procedimiento noticias de prensa de enero de 2020, no impugnadas por la otra parte, y asumiendo que en este momento es cuando ha devenido firme la resolución, al menos desde la resolución de la AN. Por tanto, es cuando empieza el dies a quo en que la acción pudo razonablemente ejercitarse, por lo que la acción no está prescrita atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda. 

En este sentido la SJM Santander 08/04/2019 aportada por la parte demandada como más documental 4 en el acto del juicio, recoge un supuesto en que, si bien indica que con la decisión administrativa se tenían todos los datos necesarios sobre el hecho infractor y sus responsables, diferenciando la eventual necesariedad de las resoluciones judiciales, en ese caso indica que» la acción pudo ejercitarse conforme a la teoría de la actio na y el artículo 1969 CC con la resolución de la CNMC, a lo sumo con la sentencia de la AN», indicando en ese caso, que no era necesario esperar a la resolución del TS que no añadía nada a la vista de los motivos del recurso de casación, que no se recogen. En este caso, dada la amplitud del contenido del recurso ante la AN, la presentación de la demanda con anterioridad a la firmeza de la resolución de la CNMC hubiera determinado con toda probabilidad una prejudicialidad, siendo la resolución de la AN cuando tuvo exacto conocimiento de la posibilidad de su reclamación. 

Añadir a lo anterior, que ya la STS 07/11/2003(en el caso del cártel del azúcar) sobre la vinculación de las decisiones de la autoridad nacional de competencia indicaba que la vinculación de la misma exigía que fuera firme, momento en que despliega todos sus efectos, tanto para las partes como para los perjudicados. Y la STJUE 13/07/2006 indica que «corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si una norma nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de la acción de indemnización del perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidas por el artículo 81 CE se computa a partir del día en que comienzan el acuerdo o la práctica prohibida, hace imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de solicitar la reparación del perjuicio causado, en particular cuando dicha norma nacional establece un plazo de prescripción breve».

QUINTO.- 

Hechos: conductas prohibidas. No es discutida, a estas alturas al ser firme la resolución de la CNMC, ni la conducta infractora realizada por la demandada ni la sanción impuesta, careciendo de sentido las alegaciones de BAHIA MOVIL SL sobre «la supuesta participación en prácticas anticompetitivas» y que niegue la realización de la conducta colusoria que le imputa la CNMC, lo que ha de entenderse se recoge en la contestación de la demanda por la fecha en la que fue presentada, pendiente aún del recurso de casación. 

Sobre la eficacia en el proceso judicial de la resolución dictada por la autoridad de la competencia, ya el derecho europeo previo a la Dir 2014/104/UE imponía el valor vinculante de las resoluciones dictadas por la autoridades europeas de defensa de la competencia en los estados miembros, Reglamento CE 1/2006, encontrándonos en este caso con una resolución dictada por una autoridad nacional CNMC, lo que se recoge de forma expresa la Dir 2014/104/UE y que se ha trasladado a la LDC, artículo 75 tras la redacción por el RDL 9/2017, resaltando el carácter vinculante e irrefutable. Dice el artículo 75 «Efecto de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los tribunales competentes. 1. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español. 2. En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción 

del Derecho de la competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario». 

Insiste la parte demandada en la no aplicación de este artículo, y no pudiendo invocarse el mismo, ya la STS 08/06/2012 reconocía a los perjudicados por prácticas anticompetitivas y acuerdos colusorios, acción para solicitar indemnización por daños y perjuicios, con fundamento en el artículo 1902 CC de la responsabilidad extracontractual, por lo que aun cuando no proceda la aplicación de la reforma del RDL 9/2017, que impide la aplicación de las reformas/novedades sustantivas introducidas en la LDC en infracciones cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, como es el caso, se puede fundamentar la acción resarcitoria en la reclamación del abono de los sobrecostes, de acreditarse que existieron. 

Y la parte actora se remite en su demanda a la resolución de la CNMC, que si bien puede considerarse no es irrefutable a los efectos de una acción por daños, como dice el artículo 75 LDC, ninguna otra prueba en contra ha presentado la parte demandada sobre la no existencia de la práctica colusoria, más allá del informe pericial que niega su existencia sobre la base de que no hubo mejora en la evolución de los márgenes de ventas (pag 53), lo que considera incompatible con la existencia del cártel, cuyo objetivo es incrementar el beneficio empresarial, concluyendo (pag 55) que aunque existieran los pactos a los que se refiere la CNMC «no habrían producido ni se habrían traducido en una mejora de los márgenes de la venta de vehículos» 

Tanto la resolución de la CNMC como la SAN, aportadas ambas como documental con la demanda y admitidas como tal, describen la conducta infractora de la demandada, BAHÍA MOVIL SL, identificada en el artículo 1 LDC que no se ha modificado con la reforma RDL 9/2017. El principio básico de las acciones de daños es el derecho al resarcimiento que se reconoce a cualquier persona con independencia de la existencia de una relación contractual directa con la empresa infractora, si bien deben darse los siguientes requisitos: la existencia de una acción u omisión antijurídica, la generación de un daño y una relación de causalidad entre conducta y perjuicio, que se deben acreditar por quien reclama. Y este pleno resarcimiento es la obligación de devolver a la persona que ha sufrido el perjuicio, a una situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del derecho de la competencia. 

Recoge la resolución CNMC que la conducta realizada, entre otros por BAHÍA MOVIL SL, es un pacto de precios y condiciones de ventas, condiciones comerciales, así como intercambio de información sensible, fijando un sistema de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, y la encuadra en el artículo 1 LDC, en la definición legal de cártel, declarando que se ha acreditado la infracción de dicho artículo y que es responsable, entre otros, «BAHÍA MOVIL SL por su participación en el cártel de concesionarios de la marca VW de la zona Andalucía desde diciembre de 2009 hasta junio de 2013». 

Amplia y detallada es la relación que recoge la CNMC de actuaciones, encuentros y datos acreditativos de la existencia del cártel, que reproduce la SAN, sin que fueran negados por BAHIA MOVIL en su recurso, si bien los justifica como un mecanismo para mejorar la competitividad. En cuanto a la sanción, respecto de BAHÍA MOVIL SL le asigna una cuota de participación en la conducta de 7.9 %, y un valor de mercado afectado de 49.427.262 €, teniendo en cuenta para graduar la sanción, en remisión al artículo 64 LDC, entre otros aspectos: la cuota de mercado de la empresa responsable, el efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios, y los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción. La estimación mínima del beneficio ilícito y el daño potencial se utiliza como referencia para la proporcionalidad de las multas, que en caso de BAHÍA MOVIL SL fue de 318.911 €. 

La resolución de la CNMC y la SAN, firmes en la fecha de celebración del juicio, delimitan los hechos constitutivos de la infracción y sus autores, que no fue discutida por BAHÍA MOVIL SL mas allá de que el actor deberá acreditar el daño concreto en este caso, y el importe del mismo, fijado por la actora sobre los datos de dicha resolución, que incluso fueron manejados por la demandada, si bien de distinta forma interpretados. Por tanto, aunque la presunción del contenido de la resolución CNMC pueda funcionar salvo prueba en contrario, nada se ha alegado ni probado por la demandada de hechos nuevos que la desvirtúen, por lo que se tiene por acreditada la existencia del cártel y la participación de BAHÍA MOVIL SL en los términos que fija la CNMC y la SAN, esencialmente el fundamento jurídico sexto SAN. 

SEXTO.- 

Perjuicio: acreditación, valoración, informe pericial. Y acreditada la infracción, queda por resolver si esa conducta, indiscutida, ha tenido incidencia económica en el precio satisfecho por el actor en el vehículo adquirido a la demandada, esto es si ha existido un perjuicio, y su valoración a efectos de indemnización, que es lo que aquí se reclama en la demanda, o lo que es lo mismo, si la comisión de un acto contrario a la competencia ha generado daños al consumidor, daños directos que la parte actora cuantifica en 2.000 €, y ello con independencia al daño genérico causado al mercado en sí, y a la confianza de los consumidores, lo que ha de entenderse se engloba en la multa impuesta por la CNMC. 

En el caso del cártel de coches, al producirse la declaración de la infracción antes de la transposición de la directiva de daños, debe acreditarse la relación causal entre el acuerdo colusorio y el daño sufrido, que es un sobrecoste, si bien como establece STS 07/11/2013, declarada una infracción del derecho de competencia por una autoridad nacional de la competencia, se entiende que el sobrecoste queda igualmente acreditado por esa misma declaración y que éste proviene de la infracción del derecho de competencia. La Dir 2014/104/UE establece ya directamente la presunción de que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. 

La STJUE 05/06/2014 dice que la apreciación de la relación de causalidad en los supuestos de daños por infracción del derecho de la competencia está sometida al principio de efectividad «Es cierto que, tal como se ha recordado en el apartado 24 de la presente sentencia, corresponde en principio al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar las normas relativas a la aplicación del concepto «relación de causalidad». 

Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, citada en el apartado 26 de la presente sentencia, resulta que estas normas nacionales deben garantizar la plena efectividad del derecho de la competencia de la Unión. Así, estas normas deben tener en cuenta específicamente el objetivo perseguido por el artículo 101 TFUE, que pretende garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior y, de este modo, asegurar que los precios se fijan en función del juego de la libre competencia. Estas son las circunstancias en las que el Tribunal de Justicia ha declarado, tal como se recuerda en el apartado 22 de la presente sentencia, que las normas nacionales deben reconocer a cualquier persona el derecho a solicitar una reparación del perjuicio sufrido» 

Por tanto, el derecho español sobre la relación de causalidad en la responsabilidad civil extracontractual, no puede aplicarse de forma que haga excesivamente difícil el ejercicio del derecho al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por una infracción del derecho de la competencia. Lo que hay cuando existe un cártel es un ilícito, acto contrario a las normas de competencia que causa un daño en ámbito de la responsabilidad extracontractual, pronunciándose en este sentido la STS 07/11/2013 que ya recoge «el principio general del derecho de la competencia de que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia», se trata de un sistema de responsabilidad objetiva o casi objetiva. 

La CNMC tiene en cuenta en su resolución la mayor facturación en el mercado afectado por la conducta, lo que asocia a un mayor daño y a una mayor ganancia ilícita potencial, y recoge cifras sobre el aumento de ventas entre 2013 y 2014 del 10 %, concretamente de algunas marcas vinculadas al cártel en los primeros seis meses de 2014 de un 17.8 % en aumento de matriculaciones, y un crecimiento del 23.9 % en junio de 2014 (pag 55). En cuanto al beneficio ilícito y el daño potencial (pag 153), lo estima entre un 15 % y 20 % de variación de precios por la conducta anticompetitiva, considerando el 10 % como prudente y válido de estimación aproximada del beneficio y daño potencial de la conducta anticompetitiva. Añade, que para el sector de concesionarios, por su estructura, en conjunto el daño potencial sería inferior al 10 %, entre el 5-10 % sobre las ventas, si bien subraya que «además del mayor beneficio que la falta de incertidumbre y los menores descuentos hayan podido generar en los autores de la conducta, el aumento del beneficio potencial en ventas se reflejará después en las actividades de posventa derivadas de la venta del vehículo, mercado en que las propias incoadas admiten tener la mayor parte de su actividad y ganancia» Estima el beneficio ilícito obtenido por BAHIA MOVIL SL en  2.471.363 €, que se corresponde con el 5 % sobre el valor del mercado afectado aunque la estimación general sería el doble de esa cantidad equivalente al 10 %. En el mismo sentido, confirma la SAN (fundamento jurídico séptimo) 

Ambas partes han aportado sendos informes periciales para la cuantificación del perjuicio, daño sufrido por los clientes por las prácticas colusorias. El informe de la parte actora, utiliza la metodología comparativa, lo que habría sucedido con los precios del mercado de no haber existido el cártel, sobre la base de la opacidad de los precios del sector del automóvil, y la Guía Práctica publicada por la Comisión para cuantificar el perjuicio en las demandas de daños y perjuicios por incumplimiento de la normativa de competencia, que ya reconoce la imposibilidad de saber con certeza cómo habría evolucionado exactamente el mercado si no se hubieran infringido los artículos 101 y 102 TFUE. Sobre el precio, se hace necesario fijar el que sería el precio hipotéticamente justo sin la infracción, remitiendo al informe Estudio CE/Oxera, que analiza la distribución de los sobrecostes provocados por los cárteles, concluyendo que el daño medio provocado es del 21.08 % del precio establecido a los clientes, y partiendo del precio medio de los vehículos vendidos por la red VW/Audi/ Seat se sitúa en 10 mil euros, fija el perjuicio mínimo del cliente en 2.000 €. Fija bases y la metodología para el cálculo del daño. Resalta en sus conclusiones que «los inicios y finales de los periodos en los que el cártel se establece son graduales», y que teniendo una duración de más de tres años, como es el caso, siendo un mercado oligopolístico, «los participantes han podido utilizar el conocimiento adquirido durante la operativa del cártel para coordinar después su conducta sin infringir ninguna normativa» 

El informe de la parte demandada analiza los márgenes de venta de los vehículos de BAHIA MOVIL SL desde 2007/2008 a 2014/2015 y parte que el cártel persigue en esencia mejorar los márgenes de venta de los productos, para obtener mayor beneficio de ventas. Ha tenido presente las cuentas anuales y los balances de la mercantil. Determina los márgenes de ventas de los diferentes periodos señalando la época del cártel en que oscilan entre 3.03 % y -0.62 %, diferenciando cuando se incluyen o no los incentivos de marca, siendo los márgenes sin los incentivos todos en negativo en el periodo del cártel, concluyendo que esa evolución de márgenes es incompatible con la existencia de un cártel, que tiene como objetivo incrementar el beneficio empresarial, incluso en la época del cártel en este caso los datos empeoran. Concluye que aunque hubieran existido pactos, éstos no se habrían traducido en una mejora de los márgenes de la venta de vehículos. 

Los acuerdos del cártel inciden en los compradores de los vehículos de las marcas SEAT, VOLKSWAGEN y AUDI que no pudieron beneficiarse de descuentos o de mejores condiciones comerciales, precios, que hubieran existido de no aplicarse los acuerdos y que resultarían de la competencia efectiva entre oferentes. El objeto es obtener un beneficio directo para la fijación de precios al alza y nunca a la baja, lo que determina la fijación de precios con la lógica repercusión al consumidor final por el concesionario adquirente del vehículo. La UE ha ido dictado resoluciones que, aun careciendo de efecto vinculante, debe ser tenida en cuenta en las reclamaciones por daños, en este sentido, DOUE 09/08/2019, Comunicación de la Comisión fijando directrices destinadas a los órganos judiciales nacionales sobre como calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, y DOUE 13/06/2013, Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento del TFUE artículos 101 y 102. La STS 07/11/2013(cártel del azúcar) reconoció como efecto de cuantificación suficiente la recreación de un escenario hipotético pero razonable de estimación de los daños sufridos por el actor, partiendo de la imposibilidad de acreditar con exhaustividad la extensión y alcance concreto de los daños sufridos por el perjudicado por un practica anticompetitiva (SSJM 3 y 7 Barcelona 06/07/2018) 

Precisamente la Guía práctica para cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 TFUE que acompaña a la comunicación de la Comisión DOUE 13/06/2013, a la que remite el informe pericial de la parte actora, señala expresamente » Estas conclusiones de los efectos de los cárteles no sustituyen a la cuantificación del perjuicio específico sufrido por los demandantes en un asunto concreto . Sin embargo, los tribunales nacionales, basándose en este conocimiento empírico, han declarado que es probable que, por regla general, los cárteles den lugar a costes excesivos y que cuánto más duradero y sostenible ha sido un cártel, más difícil le resultaría a un demandado alegar que no había habido un impacto negativo sobre los precios en un caso concreto…es imposible establecer un índice de repercusión del coste excesivo típico que se aplique en la mayoría de las situaciones. Antes bien, será necesario examinar atentamente todas las características del mercado en cuestión para evaluar los índices de repercusión del coste excesivo. En un asunto específico, la existencia y el grado de repercusión del coste excesivo se determinan mediante una serie de criterios distintos y, por tanto, únicamente pueden evaluarse teniendo en cuenta las condiciones del mercado en cuestión…» 

En relación al dato de los precios de ventas, la SJM 3 Valencia 20/02/2019 en un asunto de cártel de camiones, dice » el precio bruto de los camiones en cuestión estuvo cartelizado durante largo tiempo y eso, ontológicamente, tuvo consecuencias en el precio neto al menos mientras, insistiré en ello, MAN España no demuestre lo contrario » y sobre que la colusión en los precios brutos no afectase a los precios netos » como si esta segunda clase de precios fuera una entidad autónoma, desgajada y alejada de los precios de primera clase, que, por el contrario y necesariamente al menos en algún punto, deberían ser su origen afirmación que, además de ilógica, es contraria a lo constatado por la Decisión en sus párrafos 27 y 28 sobre los mecanismos de fijación de precios». También, la SJM 1 Zaragoza 13/12/2018 en relación a la cuantificación del daño y la relación con el precio de venta, dice «Debe considerarse como un principio lógico asumible por cualquier ciudadano medio que el precio bruto del camión, al que se refiere la Decisión como objeto de la infracción, es la base sobre la que se van a proyectar el resto de circunstancias del mercado y de la propia adquisición y un incremento en la base afectará necesariamente al resto de 

la cadena de factores y por lo tanto, al precio neto resultante [….], el comprador del producto afectado ha pagado un sobreprecio, aun cuando los precios de la compraventa pagados por la demandante no hubiesen correspondido a los precios brutos (es evidente que el demandante negocia los precios netos, no los brutos)». 

Partiendo de lo anterior, los resultados alcanzados por el informe aportado por la parte actora, son más coherentes y razonables con la infracción sancionada, el sector concreto en el que nos encontramos y sus características, sobre la base que el daño concreto sufrido resulta prácticamente imposible o excesivamente difícil de cuantificar, dada la cantidad de variables que inciden en los beneficios de los concesionarios, sin que sea suficiente por simplista la referencia a márgenes de ventas de los vehículos, sobre el que se basa el informe de la demandada, no constando las cuentas totales del negocio, y el alcance que tuvo la actividad del cártel y su duración. A priori, resulta difícil de entender que durante todos los años del cártel fueran negativos todos los márgenes sin incentivos de venta, como llega a indicar el informe pericial de la demandada, manteniendo el concesionario su estructura y participando activamente y sosteniendo económicamente el cártel, dado el % que le asigna la CNMC. Por tanto, acreditada la existencia de acción ilícita y del daño, el criterio fijado por los peritos de la parte actora es razonado y ponderado, teniendo en cuenta y de referencia los datos de la CNMC y el criterio de cálculo indemnizatorio, como se alegó, fijado de forma prudencial, sin que el concepto de mala fe procesal encaje en el hecho de que la parte actora, consumidor, solicite una cantidad inferior a la que en teoría pudiera corresponderle, con la finalidad de evitar una posible condena en costas máxime atendiendo a los gastos de la prueba básica y esencialmente practicada, como es la pericial . Sin embargo, no parece razonable asignar una cantidad a tanto alzado, la de 2.000 € con independencia del precio del vehículo, dada la diferencia de precios de los vehículos vendidos por la demandada, cuando la CNMC toma como referencia para las multas la facturación y perjuicio potencial causado, así como el % de participación en el cártel, por lo que atendiendo a los % reflejados por la CNMC y los recogidos en el informe pericial de la parte actora, se estima más objetivo el perjuicio en un 10 %, debiendo ajustarse, con respecto al precio del vehículo pagado por la parte que consta en la demanda (doc 1 demandada), en caso que sea inferior a 2.000 €. 

Por todo ello, se fija el daño sufrido en 2.000 € estimándose íntegramente la demanda. 

SÉPTIMO.-

Intereses. La cantidad a cuyo abono se condena a la parte demandada devengará conforme a lo prevenido en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda judicial, al no solicitare otro por la parte demandante, y hasta la fecha del dictado de la presente Resolución, así como desde ésta última, se devengará el interés que determina el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, hasta que el importe haya sido totalmente satisfecho. 

OCTAVO.-

Costas y recurso. En aplicación del artículo 394 LEC, la estimación íntegra de la demanda determina la condena en costas, si las hubiere, a la parte demandada. En aplicación del artículo 455 LEC y atendiendo a la cuantía contra esta sentencia no puede interponerse recurso de apelación. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por DON Anton, representado por el Procurador Don Fernando Lepiani Velázquez, contra la mercantil BAHÍA MOVIL SL, representada por la Procuradora de Tribunales Doña María Vicenta Guerrero, declaro la comisión de una práctica anticompetitiva por BAHIA MOVIL SL, en los términos indicados en los fundamentos jurídicos, y condeno a la mercantil a abonar al actor los daños y perjuicios causados fijados en la cantidad de dos mil euros (2.000 €) con los intereses legales, y con expresa condena en costas, si las hubiere, a la parte demandada. 

Insértese en el libro de resoluciones definitivas y llévese a los autos testimonio de la misma en debida forma. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, en el día de su fecha, estando yo presente como Letrada de la Administración de Justicia y celebrando audiencia pública. Doy fe.